La seguridad que los pueblos necesitan: Parte II

Parte II de II. Lea la primera parte aquí.

Las voces de los pueblos

En un reciente encuentro con un grupo focal del Observatorio de mujeres en Guerrero, se sondeó cuál era la percepción de la presencia de armas de fuego en sus territorios por los últimos 10 años (2012 – 2022), de las cuales citaré sus respuestas textuales a continuación:

• “Antes el acceso a las armas no estaba a la mano como lo está ahora, hay un incremento de feminicidios y homicidios a jóvenes. Y es que la violencia se incrementa cuando hay armas en las casas.”
• “En año nuevo, recibiendo el año en curso, se escucharon en los cielos las descargas de las balas, haciendo tiros al aire dejaron escuchar la presencia del armamento, este cada vez es más fuerte en la comunidad. Lo anterior, podría ser interpretado como una muestra de poder y territorialidad de quienes se desconoce portan las armas.”
• “El acceso a las armas ahora está mayormente normalizado, te da un privilegio. Antes, una cosa era tener las armas para cuidar el ganado, pero no para asesinar a otros. Era el sentido y uso de las armas en medio de la comunidad, la protección contra ladrones o depredadores de los animales de la zona. Las armas eran visibles, pero no para matar a la gente, ahora se esconden y así silencian las vidas de inocentes.”
• “Los jóvenes ven poder en tener un arma y estar en el sicariato, es un estatus, es el poder de arrebatar la vida de alguien.”
• “Nosotras somos alérgicas a las armas, no nos metemos con nadie, algunas han optado por ellas para protegerse.”
• “La presencia de armas aumentan la percepción de inseguridad y vulnerabilidad. Lo que nos protege nos vulnera.”

Las armas como instrumento para causar daño a otras personas, alcanzar estatus, controlar y arrebatar; se ha permeado en la vida comunitaria y contradice esta idea falsa de seguridad, que el paradigma de la “seguridad nacional” ha tratado de promover. El arma antes era una herramienta de trabajo, cuyo uso estaba limitado al trabajo en las tierras, ahora significa riesgo; de la misma manera que un uniforme policial y militar cuyo sentido institucional es el resguardo, se ve como una amenaza. Cientos de historias lo confirman, de quienes han padecido desapariciones forzadas, arrestos injustificados, secuestros y asesinatos por fuerzas de seguridad desde los años 60s hasta nuestros días.

También desde una perspectiva de género, se ha podido evidenciar que en los últimos años la creciente ola de muertes con el uso de armas ha tomado rostro de mujer y de la comunidad LGBTIQ+; así lo expone el informe Violencia de Género con armas de fuego en México de Intersecta, Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos. Donde ubican que, según datos del año 2006, 3 de cada 10 mujeres perdían la vida con arma de fuego, y en el año 2021 aumentó a seis de cada 10, duplicando los casos, no así en estados como Colima y Guanajuato, donde la cifra incrementa a 8 de cada 10. Según las autoras del informe, este cambio se asocia con la estrategia de seguridad pública y el aumento de la militarización del país desde la presidencia de Felipe Calderón. En el caso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, detalla el informe que son las mujeres trans, en situación de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, quienes encabezan las cifras de violencia letal con armas de fuego.

En este sentido, los datos sobre género y armas de fuego no solamente nos muestran una realidad desde los homicidios, feminicidios y crímenes de odio, sino que también hacen ver la necesidad de abordar el problema desde la complejidad, desde una perspectiva de cuidados e de manera interseccional en donde no solamente prime la política exterior y la seguridad pública, sino que también abra los ojos al contexto de la población general, del pueblo real que existe y se mueve en contextos comunitarios; a quienes los abates de la violencia armada le afectan directamente, no sólo en términos de clima social, sino también en ámbitos de desarrollo, economía, salud física y mental, son las personas “de a pie” que por razón de las armas viven duelos, traumas, desempleo, desplazamiento y deserciones (laborales y escolares) cuyo impacto se permea en todas las esferas de la vida.

En cierta ocasión consultaron a una mujer en búsqueda de su familiar desaparecido sobre una acción de memoria, su respuesta fue: “la mejor forma de hacer memoria de mi familiar es que instalen un hospital en mi municipio, o una universidad para los jóvenes… si quieren, pónganle el nombre de mi familiar, pero en realidad la memoria se hace cuando en mi municipio no hayan desapariciones porque contamos con más herramientas para enfrentar la violencia y la pobreza”. Quizá debamos escuchar y consultar a quiénes han sido víctimas directas e indirectas de violencia con armas ¿cómo afrontamos el tema? ¿Qué esperaría como acto de reparación del daño en temas de políticas y control de armas?

Hacia un cambio de paradigma

La evidencia apunta a que un cambio de paradigma sobre seguridad se hace necesario. En el año de 1994 la PNUD en su informe acuñó por primera vez el término de “seguridad humana”, enfatizando que la seguridad se ha relacionado históricamente con el estado-nación más que con la gente; es a partir de las grandes luchas ideológicas del siglo XX, en la que hubo una supremacía de los estados para sobreproteger la frágil identidad nacional, fragilidad que décadas después seguimos vivenciando. Quizá sea una perspectiva muy idealizada pensar en una seguridad que contemple a la persona humana por sobre la protección de la nación, pero en palabras diferentes es lo que el pueblo, y especialmente las víctimas de la violencia, exigen.

El paradigma de la “seguridad humana” sobre la “seguridad nacional” (o más bien, armada) responsabiliza al Estado sobre el bienestar integral de su población, haciendo las regulaciones necesarias para vivir en entornos humanamente habitables. No es cierto, que esto sea un cambio posible de la noche a la mañana, y tampoco es cierto que los intereses gubernamentales e internacionales se depondrán fácilmente para atender esta seguridad que los pueblos necesitan. Sin embargo, lo que sí se puede aseverar es que es un cambio en construcción que desde la sociedad civil vamos empujando, con acciones concretas, locales, participativas y de constante análisis para visualizar perennemente las consecuencias de las decisiones gubernamentales en el presente y en el futuro.

Por lo anterior, se hace necesario desestructurar la falsa idea de seguridad que se promueve a través de la tenencia de armas, pues estudios han demostrado que cuando una persona responde con arma de fuego frente a una agresión tiene mayores posibilidades de morir que cuando no reacciona. Así mismo, la presencia de un arma en casa aumenta el riesgo de muerte en casos de violencia intrafamiliar, especialmente dirigida a mujeres. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos al hablar de armas? Quizá dicha seguridad esté referida únicamente a la económica de las grandes industrias y gobiernos que se benefician del comercio de las armas, creando guerras, enemigos y zonas de combate que se vuelven reales para luchar por los derechos humanos que ellos mismos destruyen. En palabras de Eduardo Galeano: “La industria norteamericana de armamentos practica la lucha contra el terrorismo vendiendo armas a gobiernos terroristas, cuya única relación con los derechos humanos consiste en que hacen todo lo posible por aniquilarlos”.

Entonces, necesitamos fortalecer el tejido comunitario para priorizar la seguridad humana y que el Estado sea garante de estas acciones, incrementando en todas las esferas (profesional, presupuestario, organizacional, etc.) la respuesta de justicia, prevención, reparación del daño y promoción de salud comunitaria y de desarrollo, con el fin de incrementar la percepción de seguridad en lo micro y lo macro de la sociedad.

Por otra parte, se requieren mecanismos estructurales que disminuyan la corrupción y la impunidad, especialmente en el control de armas dentro de las fuerzas de seguridad militar y pública, así como un compromiso genuino de acabar con las prácticas de fortalecimiento del crimen organizado a partir de las mismas fuerzas de seguridad. También, se requieren cambios de leyes y políticas comerciales por parte de las industrias de armas para volver más rígidos los requisitos para la compra de armas por particulares en el extranjero.

Desde la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, requerimos dar visibilidad a las irregularidades en el comercio de las armas, no solamente en Estados Unidos sino también en fabricantes de todo el mundo, participando a través de redes, investigaciones y peticiones que abonen al cumplimiento de los tratados internacionales en regulación y control de armas, así como acercar y enfrentar a la opinión pública y los gobernantes con las personas sobrevivientes y/o víctimas de la violencia con armas de fuego.

Carmen Benítez, de Colombia, es trabajadora de servicio de CCM México y colabora con el Centro de Estudios Ecuménicos. Ilich Avilés, de Nicaragua, es psicólogo y trabajó anteriormente con el CEE.