LA SEGURIDAD QUE LOS PUEBLOS NECESITAN

Parte I de II. Lea la segunda parte aquí.

La inversión en seguridad.

En México por décadas y sexenios se ha implementado un modelo de seguridad teniendo como premisa la potencial amenaza externa, un modelo en el que se pueda proteger a la nación a partir del equipamiento de las fuerzas armadas. Esto lo demuestran las últimas cifras oficiales de inversión en compra de armas que en el año 2022 solicitó la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el reemplazo de armamento, que alcanza la cifra de 671.4 millones de pesos según el documento oficial presentado en el mes de abril 2022. Todo esto, a pesar de un supuesto cambio de paradigma de seguridad del actual gobierno frente a la ola de violencia que azota México, en el que “no se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz”, según palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A nivel presupuestario si hubo una disminución del 10.8% del presupuesto para SEDENA en el 2022, sin embargo, el presupuesto para la Guardia Nacional es de 62.8 mil millones de pesos, un incremento de 70% frente a lo aprobado para 2021. Eso implica que el ejercito controlará en el año 2022 166.9 millones de pesos del presupuesto de SEDENA y Guardia Nacional, siendo el segundo proyecto más importante de la presente administración; contrastando considerablemente al presupuesto destinado a otras instancias de seguridad y justicia como la secretaría de gobernación, fiscalía general de la república y la secretaría de seguridad y protección ciudadana, que muestran una caída del 55% frente al 2014, mientras que si se suman los recursos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional, en 2022 operarán 204 mmdp, 68% más que en 2014.

Frente a los datos anteriores, hay un elemento que desafía la vida política y social de México tras años de corrupción e impunidad que se hace evidente en los mecanismos de control y regulación de armas. Es así como en agosto de 2021, el gobierno mexicano realizó una demanda civil a través de la secretaría de relaciones exteriores en contra de empresas privadas fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos; en las que las hacen corresponsables del aumento de la violencia por el uso de armas de fuego, la presencia de armamento en cárteles y grupos criminales para el tráfico de drogas y otros delitos. Frente a la demanda, La Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF por sus siglas en inglés), respondió a las acusaciones con una responsabilidad directa del estado mexicano para llevar a la justicia a los cárteles y de sufrir decersiones del ejército hacia los cárteles con sus armas de servicio.

Lo cierto es que la llegada de armas de fuego procedentes de Estados Unidos a México cada año es aproximadamente de 213,000. Sólo entre 2010 y 2012 se vendieron 253,000 armas para traficar en México anualmente, señala un estudio del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. La mayoría de las compras de armas de fuego que tienen como destino el mercado negro mexicano se realizó en Texas y Arizona, de acuerdo con una base de datos creada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, procesada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Sumado a esto, cada vez las leyes de Estados Unidos hacen de mayor facilidad la exportación de armas de fuego; por ejemplo, en mayo de 2018 Washington propuso calificar como “no militares” a los rifles de asalto semiautomáticos y otras armas de fuego, así como eliminar el requisito para la notificación pública de la compra. Además de disminuir los costos y procesos para la adquisición de armas, crea todas las posibilidades para una adquisición casi ilimitada que fomenta la violencia armada.

Según México Evalúa, crear una agenda bilateral que afronte el tráfico de armas es poco probable debido a que es un negocio altamente lucrativo en Estados Unidos y las corporaciones productoras de armas tienen un intenso trabajo de cabildeo para incidir en las decisiones políticas.

Por otra parte, y en la zona de responsabilidad del gobierno mexicano, entre 2006 y 2017, más de 20,000 armas vendidas a fuerzas federales y policias fueron reportadas como desaparecidas ante la Sedena, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; y entre 2010 y 2016 se registró un alza entre las armas perdidas, en comparación con las que fueron vendidas por la Sedena, en las que se encontró que los principales estados que adquirieron estas armas como robadas o extraviadas se encuentran Guerrero (20%), Tamaulipas (11%) y Ciudad de México (8%).

Si bien ambas posturas crean una amplia zona gris en la que ninguna de las partes asume su responsabilidad ni mejora los mecanismos para el control, monitoreo y regulación en la exportación e importación de armas de fuego; lo cierto es que estas debilidades institucionales y de comercio debilitan la vida social y la seguridad ciudadana, principalmente de quienes viven en las periferias y en zonas controladas por el narcotráfico, el crimen organizado y por intereses vinculados a mecanismos de despojo de tierras.

Los resultados de la estrategia

¿Es realmente esa seguridad la que los pueblos necesitan? Al parecer tanta inversión en seguridad nacional con la compra de armas, equipamiento de cuerpos de seguridad pública y ciudadana, etc. No han dado los resultados esperados, ya que el número de homicidios con arma de fuego sube en proporción. Es decir, la criminalidad y el ejercicio de la violencia en las diferentes esferas (comunitaria, familiar, de pareja, etc.) tiene ahora mayor acceso a armas de fuego, que en gran medida incrementa la posibilidad de muerte.

Según el estudio de México Evalúa “La relación armas-homicidios en México” publicado por Animal Político en septiembre de 2017, entre 2009 y 2016, los homicidios perpetrados con arma de fuego representaban alrededor del 50% de los homicidios totales. En el 2017 llegaron a 65 por ciento. Según datos del Inegi, en el 2021 el medio para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio más frecuente fue el de arma de fuego con 24,484 (68.7 %) de los 35,625.

Parece ser que el modelo de seguridad que se ventila a nivel gubernamental ha generado una idea de seguridad ciudadana y personal con base en las armas de fuego. Es así que en el imaginario colectivo el tener acceso a un arma, brinda una sensación de resguardo y protección que ha llevado a más familias a armarse para contrarrestar la violencia, pero ¿hasta qué punto esta decisión viene acompañada de un proceso educativo y de autocontrol en su uso?

La falta de control de armas y el acceso cada vez más facil y no regulado, genera en sí mismo un riesgo, tanto para quienes son usuarios como para quienes les rodean, incluida la niñez y la adolescencia, que bajo escazas condiciones de resguardo pueden tener mayor cercanía y acceso a armas de fuego. Varios han sido los ejemplos de estos casos tanto en el vecino país del norte, como en el territorio nacional. Por ejemplo, se puede mencionar el más reciente en Torreón, Coahuila en enero de 2020, donde resultaron heridas seis personas (cinco estudiantes y un maestro), así también la muerte de una maestra y el suicidio del estudiante de 11 años José Ángel Ramos. Entre hechos y amenazas, estas historias denotan parte de la gran crisis social que vive México, ahora son los adolescentes y jóvenes quienes provocan pérdidas de vidas humanas y la vulneralización de los derechos fundamentales de las personas. Esto es el resultado de la falta de recursos emocionales y familiares, la debilidad de las instituciones como la escuela, la iglesia, la policía, entre otras, y no podría faltar el fácil acceso y cercanía a armas de fuego por parte de la niñez y los adolescentes.

Carmen Benítez, de Colombia, es trabajadora de servicio de CCM México y colabora con el Centro de Estudios Ecuménicos. Ilich Avilés, de Nicaragua, es psicólogo y trabajó anteriormente con el CEE.