This post is also available in: Inglés
Era diciembre de 1981; el lugar, La Ceiba, Honduras. Oscar Dueñas, un joven menonita y asistente de un electricista, salía del trabajo ya de oscuras con su primo, tipo 6 p.m. Mientras caminaban por el colegio, de repente unos soldados los agarraron y los empujaron en su vehículo blindado. El vehículo seguía y a lo largo de la noche se andaba llenando con otros jóvenes secuestrados por los soldados de restaurantes, discotecas, y espacios públicos. El camión regresó a rebosar siete horas más tarde al cuartel con los nuevos reclutados.
Dueñas se encontró en un barracón con unos 1,200 otros jóvenes de toda Honduras. No había catres. Después de una noche corta e incómoda en el suelo, los soldados levantaron a los reclutas a las 5 a.m. y les mandaron a cepillar los dientes con el dedo antes de formar una fila. Un capitán les sermoneó del valor del servicio militar.
Al concluir, preguntó a los presentes, —Ahora, ¿quién servirá? — Unos 50 de los jóvenes levantaron las manos. El capitán se enojó. —Listo. Podés liberarte de tu obligación si sos casado, trabajás con el gobierno, estás matriculado en la universidad, o tenés una enfermedad venérea.
No aplicaba ninguna categoría a Dueñas. ¿Qué podía hacer? Buscaba alcanzar opciones. Recordó que el primo de su tía trabajaba con una radioemisora del gobierno; podía afirmar ser operador. Ya que el primo de Dueñas también había sido reclutado, la familia estaba lista con la coartada cuando los soldados llamaron a la estación para verificar el testimonio de los jóvenes.
—¡Están perdiendo su turno ahora mismo! dijo el primo de la familia a los soldados.
—Miren, vean, les dije— dijo Dueñas. —Ya me tengo que ir!
Fue dejado en libertad, pero no sería la última vez en que se escapara del servicio militar.
La experiencia de Dueñas no fue excepcional. Aquellos 1,200 reclutados fueron la labor de un solo batallón en una sola noche de lo que muchos hondureños recuerdan como la “Década Perdida”. A pesar de no estar en guerra, el reclutamiento forzoso fue la realidad espantosa de los años 1980s. Sin ir más lejos, según el Artículo 276 de la Constitución de la República, cada varón hondureño entre los 18-30 años de edad es obligado a rendir dos años de servicio militar. Los jóvenes vivían con miedo de ser conscriptos en cualquier momento por militares quienes les esperaran en las entradas de los cines, iglesia, lugares de trabajo, y colegios. Que las fuerzas armadas subieran a buses y secuestraran a pasajeros quienes no podrían comprobar que ya habían servido su mandato. Si el recluta intentara fugarse, se le dispararía sumariamente, muchas veces a la muerte. El trauma de la época aún perdura en la consciencia colectiva.
Los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua, y Guatemala alentaban el clima de guerra en el país. Campamentos de refugiados y hondureños desplazados internamente se solían ver en zonas fronterizas.
Respondiendo a las necesidades de sus vecinos, la Iglesia Evangélica Menonita de Honduras (IEMH) se organizó para dar apoyo a personas refugiadas con ayuda del CCM. Lo que comenzó como caridad cristiana les llevo a determinar: —Somos llamados a alzar una voz profética y condenar toda violencia e injusticia que se cometa contra la población.
Al haber visto el costo humano de la guerra durante su ministerio, los menonitas de Honduras se comprometieron con no sólo condenar la violencia y tratar a las víctimas, sino a prevenirla por enfrentarse a la cultura del militarismo en sí. En 1983, la denominación tomó esfuerzos formales de incidencia con el Congreso Nacional, al cual entregó una propuesta para que jóvenes de consciencia se les permita servir su patria en la sociedad civil. No recibieron ninguna respuesta del Congreso.
Durante la siguiente década, la IEMH enfocó sus labores de paz en entrenar jóvenes menonitas para lidiar con su realidad. Coordinaron sus esfuerzos a través del Proyecto Paz y Justicia (PPyJ) que se estableció como una iniciativa compartida de la iglesia menonita y el CCM. El teólogo Gerald Schlabach jugó un papel decisivo. Schlabach había comenzado su trabajo de construcción de paz con CCM en Nicaragua, pero mientras más se estallaba la Guerra Contra, decidió mudarse a Honduras y así la asociación PPyJ venía desarrollándose. La idea era que un menonita hondureño, en el caso específico un pastor joven de nombre Juan Ángel Ochoa, y un miembro del equipo de CCM trabajaran juntos en la cartera existente de paz en Centroamérica; Ochoa se enfocaría en las iniciativas nacionales mientras Schlabach asumiría el panorama regional.
El PPyJ trabajó para dar a menonitas hondureños el lenguaje para defender su teología anabautista de paz. Una serie de talleres en todo el territorio nacional ayudó a jóvenes a lidiar con las preguntas difíciles de objeción de consciencia. Estas capacitaciones, puestas en iglesias menonitas en cada una de las seis regiones de la denominación, enseñaron lo básico de la construcción de paz y ayudaron a los jóvenes a poner en claro qué harían si fueran reclutados forzosamente. Después de los talleres, muchos participantes decidieron firmar una declaración de objeción de consciencia.
Estas capacitaciones y declaraciones firmadas comprobaban su valor a lo largo de la década. Durante una redada de reclutamiento en Mapulaca a finales de los años 1980, los militares sitiaron la iglesia menonita del pueblo. Al ver que había soldados afuera del templo al terminar el servicio, los miembros se rehusaron a salir. El enfrentamiento terminó cuando los soldados quebraron una ventana y capturaron a todos los jóvenes.
—Son menonitas los que ustedes tienen— les respondió a los soldados. —No van a usar armas.
Al escuchar la noticia, unos menonitas hondureños asociados con el PPyJ llegaron de San Marcos, Ocotepeque, incluido Oscar Dueñas, todavía de edad de conscripción, pero ya siendo el pastor de la congregación local. Cuando llegaron al cuartel donde se retenían los menonitas mapulaqueños, el capitán les mintió, diciendo que los hombres no estaban ahí. Fue una estratagema común, y el contingente sanmarqueño le presionó.
—Son menonitas los que ustedes tienen— les respondió a los soldados. —No van a usar armas.
A finales de los años 1980s, especialmente en los departamentos occidentales del país, los menonitas habían cobrado fama por su trabajo con refugiados salvadoreños y estaban acostumbrados a tomar posiciones políticas y a enfrentarse con los militares. Si declarar que son menonitas no fuera suficiente, el PPyJ tenía evidencia de que los jóvenes eran pacifistas y objetores de consciencia. El libro de declaraciones de objeción de consciencia comprobó que no era un capricho de cobardía; los jóvenes habían considerado su decisión y tomaron muy en serio su fe.
—Al fin nos los liberaron— recuerda Dueñas. —Ser menonita fue una cosa seria! Tenía poder.
Poder rescatar a sus hermanos menonitas de la conscripción fue un gran logro, pero todos jóvenes hondureños querían vivir sin miedo de ser cazados. Con esta meta en mente, 50 organizaciones populares se reunieron en una iglesia menonita en San Pedro Sula el 28 de mayo de 1993, para coordinar sus esfuerzos y elaborar una estrategia. La fama de los menonitas de oposición pública a las fuerzas armadas les hizo anfitriones lógicos, pero no fueron sólo grupos de fe representados: asociaciones femeninas, colectivos universitarios, organizaciones campesinas, y grupos para los derechos humanos también se unieron a la asamblea.
Los menonitas propusieron que las organizaciones respaldaran un plan común para el servicio alternativo. Compartieron los documentos que habían enviado al Congreso en 1983 para pedir reconocimiento de servicio civil con grupos como la Cruz Roja o la Comisión de Acción Social Menonita. Otras organizaciones contrarrestaron la propuesta, diciendo que era demasiada tímida. —Las fuerzas armadas se han de abolir— rebatieron. El director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras concordó con que la recomendación menonita no se atrevía lo suficiente pero también sostuvo que la alternativa fue demasiado audaz y, al fin de cuentas, poco realista. Sugirió que los grupos se coordinaran para hacer que el servicio militar fuera voluntario.
La asamblea acordó. Juntos redactaron un plan de incidencia y formaron una nueva organización: el Comité Cívico Cristiano Popular por la Derogación del Servicio Militar Obligatorio.
El año 1993 fue periodo de elecciones y el Comité Cívico presionó a los dos candidatos de los partidos primarios para que adoptaran sus demandas. El candidato centroderecha del Partido Nacional, Oswaldo Ramos, hizo la declaración increíble que, durante su liderazgo, el militarismo desaparecería del país. El candidato centroizquierda del Partido Liberal, Carlos Roberto Reina, prometió tornar el ejército en una organización voluntaria dirigida por fundamentos humanistas y democráticos. El Comité respaldó a Reina y se comprometió pedirle cuentas cuando fuera elegido.
Tan pronto que asumió su cargo, Reina comenzó a evadir sus promesas. Las fuerzas armadas tenían poder y habían derogado a presidentes; tal vez Reina temía un golpe de estado. Sin embargo, el Comité Cívico mantuvo la presión sobre el gobierno civil para que aboliera el servicio militar obligatorio. En respuesta, el gobierno esbozó reformas basadas en el sistema de reclutamiento colombiano. La inscripción sería obligatoria y una lotería determinaría quién sirviera. Fue inadmisible para el Comité: aún con las reformas, el servicio militar seguiría siendo compulsorio y las consciencias de los pacifistas, ofendidas.
El Comité intensificó su campaña con servicios ecuménicos al aire libre pidiendo que haya paz y orando por un fin al militarismo. Había vigilias, ayuno público, y conferencias de prensa. Aún los miembros no religiosos del Comité participaban. Con el apoyo de un abogado, redactaron y entregaron documentos para revocar o enmendar el Artículo 276. El activismo se culminó con la ocupación de la Plaza La Merced a la par del edificio del Congreso en Tegucigalpa, donde el 19 de abril de 1994 declararon una huelga de hambre hasta que se aprobara un proyecto de ley admisible.
Carpas y toldos se montaron en la plaza y se tendieron banderas. El pastor menonita Pedro Cálix fue un coordinador de la ocupación y recuerda una presencia regular de docenas, pero usualmente centenares de simpatizantes en la plaza para acompañar a los por lo menos diez huelguistas de hambre. El apoyo general arrolló, incluyendo entre líderes de empresas y del gobierno. Aún el alcalde se unió. Unas iglesias grandes, incluido Amor Viviente quienes tenían raíces en la iglesia menonita, demostraron su solidaridad por unirse a la muchedumbre. Después de dos semanas, casi mil personas estaban reunidas en la plaza, inclusive varios diputados del Congreso.
El apoyo enorme cobrado por la campaña al fin presionó al Presidente Reina a introducir un proyecto de ley para hacer que el servicio militar fuera voluntario en tiempos de paz. Los representantes lo aprobaron sin demorarse el 3 de mayo de 1994 y se ratificó según la ley por el Congreso subsiguiente a principios de 1995. Por abril, los secuestros y reclutamiento forzoso habían concluido. Mientras los soldados terminaban sus plazos o desertaron cuando se dieron cuenta que no se les obligaba a rendir servicio militar, el flujo de nuevos reclutas a las fuerzas armadas se disminuyó de unos 26,000 a 12,000. Para atraer voluntarios, el ejército comenzó a tratar más humanamente a los soldados, especialmente en temas del pago y de castigos corporales.
En menos de un año después de la asamblea inicial en el templo menonita en San Pedro Sula, el Comité Cívico había logrado sus reivindicaciones. La labor de la iglesia menonita y el CCM a través del PPyJ a concientizar a los jóvenes menonitas en los años 1980 y 1990 había dado una cosecha con una generación que luchaba en paz por el derecho de no matar.
Lily Mast sirvió como Especialista en Medios Digitales con el programa SALT de CCM en Honduras desde el 2019 al 2020.